Manola Álvarez Sepúlveda
El plazo se cumplió y la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos emitió su recomendación sobre el caso Chalchihuapan. El sentido de la misma fue reconocer lo que
la prensa independiente había documentado: que la policía poblana hizo uso
excesivo de la fuerza al dispersar la manifestación que exigía un dialogo con
las autoridades para recuperar el Registro Civil en sus comunidades. Y más:
Que los policías usaron armas no letales en contra de los
pobladores de Chalchihuapan, violando las disposiciones de su utilización para
no causar la muerte a los receptores de su agresión.
Que no fueron balas de goma, sino cilindros metálicos de
gases lacrimógenos, lanzados en forma directa y casi a quemarropa: más de 400
cartuchos estaban tirados en el área de la confrontación. Y desde luego uno de
estos cartuchos fue el que causó la muerte del niño José Luis Tehuatlie. Que el
secretario de Seguridad Facundo Rosas, estuvo siempre a cargo del operativo y que
obstruyó la investigación negándose a entregar información y desde luego que el
Procurador Carrancá fue cómplice en la violación de los derechos humanos, del
derecho a la libre expresión y a la vida ya que nunca se ocupó de las víctimas.
¿Y Rafael Moreno Valle? ¿Alguien podrá creer que no le solicitaron su
autorización los encargados de la Seguridad y procuración de Justicia?
Sin contar con los elementos científicos de la CNDH, los
periodistas independientes de Puebla lo habíamos manifestado. Se tenía
preocupación porque los tentáculos económicos y de influencia del Gobernador
Moreno Valle hicieran que el presidente de la Comisión saliera con que sí fue
una onda expansiva del cohetón que lanzaran los manifestantes lo que mató al
menor. No fue así afortunadamente. La recomendación incluyó la obligación para
el Ejecutivo de fincar responsabilidades a sus subordinados, pedir disculpas a
los afectados (lo que seguramente no hará), cuidar que no se repita una
situación igual y crear una fiscalía especial para investigar los delitos que
cometieron los policías y sus jefes. Esto último, que al parecer lo tenía
preparado, lo hizo tres horas después encargándole a Juan Pablo Piña la
responsabilidad de “vigilar” que las instituciones cumplan con la recomendación
y las indicaciones del fiscal especial, José Antonio Pérez Bravo, colaborador
del entonces presidente Felipe Calderón.
En caso de que no se cumpla en forma total, la CNDH
presentaría ante el Senado una solicitud de juicio político contra Moreno
Valle.
Como habíamos comentado, su pésimo control de daños llevó a Moreno
Valle a fabricar una gran estrategia mediática --con cargo al erario público, claro--
para tratar de vender la ridícula idea de la onda expansiva, creatividad que
ahora se le revertirá tanto a él como a la prensa afín, la misma que se regodeó
con los supuestos dictámenes de la Policía Federal.
Onda expansiva
¿Y ahora que dirá Gustavo Madero? ¿Repetirá que el PAN
enfrenta a una prensa dispuesta a poner en las primeras planas trascendidos de
acusaciones sin denuncias, delitos sin testigos ni testimonios, cobardes
difamaciones sin voz y sin rostro para alimentar esta política del espectáculo
y de la trivialización?
Los sucesos protagonizados por sus militantes no sólo no han
sido desmentidos por el dirigente, sino que sólo se queja de que los medios se
ocupen de ellos, por ejemplo: la fiesta con mariachis en la sede del Senado,
organizada por el coordinador Preciado; la fiesta con bailarinas de los
diputados panistas en Puerto Vallarta; o Fernando Larrazabal y los casineros; o
los jóvenes nazis de Guadalajara; o los ex asambleístas y funcionarios de la
Benito Juárez detenidos y sujetos a proceso en Brasil por lesiones graves; o la
última reunión de sus senadores donde se acusaron de intentos de sobornos. Lo
trascendente de sus actividades es la hipocresía ya que se han ostentado como
representantes de la honestidad, de la integridad familiar y de la doctrina
cristiana.
A todos estos casos se suma el del gobernador responsable
del asesinato de un niño, por haber establecido la Ley Bala y declarar que se
debería de aplicar todo el peso de la ley para evitar los bloqueos a las
vialidades, órdenes que ejecutaron sus subordinados. Y la del gobernador de
Sonora que construyó una presa dentro de su rancho y ahora, para evitar ser
sancionado, recurre a expulsar a los delegados federales de su entidad.
Ante tal temporal nos preguntamos: ¿qué le aconsejará su
comunicador, que por cierto es también el encargado de la imagen de Moreno
Valle?
alvarezenriqueta@hotmail.com
