Por
Alejandro C. Manjarrez
No
cabe duda que en política la heterodoxia es un plus para alcanzar los objetivos
personales, sean éstos los que fueren. El ejemplo nacional es Rafael Moreno
Valle Rosas, gobernador del estado de Puebla.
¿Y
qué diablos hizo este mandatario constructor del infierno y el paraíso, el
primero diseñado para que sus detractores purguen sus pecados, y el segundo construido con la idea de albergar a sus
panegiristas?
Según
yo reinventó una nueva forma de corrupción basándose en el estilo de los
gobernantes que hicieron de su gestión una dictadura perfecta —por citar a
Mario Vargas Llosa— o el espacio donde el ogro filantrópico —Octavio Paz, dixit— se regodea presumiendo las “grandes
obras” de supuesto beneficio colectivo. Y lo hizo dando vigencia al apotegma
popular: hecha la ley hecha la trampa.
La
corrupción institucional
La
sociedad criticó a los priistas por su forma de hacer política para conservar
el poder. Señaló con su dedo flamígero los actos de corrupción electoral basados
en robar urnas, alterar votaciones, hacer votar a los muertos, modificar
resultados, preparar y operar carruseles, tamaladas y otras artimañas diseñadas
para propiciar la derrota de los adversarios. Durante años fue Acción Nacional
el partido más enfático en presentar denuncias contra los fraudes cometidos por
el PRI. Aquellas andanadas
jurídico-mediáticas propiciaron la división interna del otrora partidazo. Nació
así la Corriente Crítica que no sólo sacudiría la estructura gubernamental sino
que, de paso, unió a las izquierdas diseminadas en las fracciones producto de
los protagonismos “iluminados”. Fue cuando el sistema político mexicano parió
al PRD, organización que agrupó a
los, a la sazón, llamados tránsfugas del tricolor; Cuauhtémoc Cárdenas, el más
connotado.
La
elección del 2000 cambió el rostro de aquel México declarado sede mundial de la
dictadura perfecta mitigada por la corrupción. Ya había nacido el IFE (1990) acompañado con la esperanza
de hacer del país una nación más democrática. Este organismo validó el proceso
que convirtió en presidente a Felipe Calderón Hinojosa avalando la intervención
ilegal de la estructura electorera que en esos días manejaba la maestra Elba
Esther Gordillo Morales. Un remedo exacerbado del grupo “Amigos de Fox” ya que
en vez de dinero el SNTE de la susodicha aportó cientos de miles de votos a
cambio de impunidad y algunos favores políticos, como fue el caso de la
senaduría primero y después gubernatura de Rafael Moreno Valle, priista que a
instancias de la Maestra se hizo panista, precisamente para ganar los cargos
enunciados.
Durante
el mandato de Rafael Moreno Valle se legislaron leyes tramposas articuladas con
la intención de permitir el manejo autoritario de la administración pública: el
estatuto jurídico cedió el control absoluto al mandatario. Lo mismo ocurrió con
los procesos electorales que en la mayoría de los ayuntamientos ubicaron a
personas afines al proyecto personal del gobernador, uno de ellos (José Antonio
Gali Fayad) postulado después para dar continuidad al gobierno morenovallista.
Se cambió la ley y amplió el mandato de alcaldes y diputados (de tres años a
cuatro años ocho meses) dizque con la intención de emparejar el proceso
electoral poblano con las elecciones nacionales. La verdad es que con la
estructura política basada en la participación de munícipes y legisladores
afines, Moreno Valle pudo garantizar el blindaje que, de manera menos
inteligente, también buscaron los gobernadores de Veracruz, Chihuahua y
Quintana Roo.
Puebla
se convertía así en el ejemplo nacional de cómo deben alterarse los valores
básicos de la democracia y qué tienen que hacer los gobernantes para corromper
la política librándose de los efectos de la ley. Además de ello los dirigentes
de los partidos de oposición se manejaron bajo la directriz del mandatario. El
partido en el poder (PAN) puso en
acción lo que años antes había denunciado y señalado con el énfasis de una
oposición íntegra. La enorme deuda pública (según Fitch Ratings, más de 29 mil
millones de pesos) se disfrazó con el ropaje burocrático confeccionado por los
empleados del gobernador Moreno Valle, personal comisionado y constituido en
mayoría del poder Legislativo. Esta misma “fuerza popular” designó (a
instancias del gobernante, claro) al Fiscal General del Estado, función que
recayó en el procurador de justicia del gobierno de Rafael Moreno Valle. El
proceso electoral de Puebla (2016) dejó en calidad de liliputienses a los
políticos del PRI que en sus
mejores tiempos dieron vida al esquema que tanto impresionara al Nobel Vargas
Llosa.
Estos
ejemplos trazados a vuela pluma me permiten decir que en Puebla nació una nueva
forma de corrupción gracias a que se combinaron la obsesión del mandatario, con
la tecnología, el esquema financiero y las técnicas de empoderamiento que no
reparan en la ética publica y menos aún en los propósitos expresados cuando el
servidor público protesta cumplir con la Constitución y las leyes que de ella
emanan. Insisto: “Hecha la ley, hecha la trampa”. Con ello la entidad refrendó
su estatus de pionera dado que forjó la historia —en este caso de la vergüenza—
pues, como lo escribió Yves Mény, la sofisticación de las actividades corruptas
convirtió a la corrupción en una acción invisible y por tanto difícil de castigar.
¿Gobernabilidad
es igual a usar la ley para controlar a la oposición? ¿Gobernabilidad equivale
a cooptación de partidos políticos? ¿Gobernabilidad significa poner bridas a
los líderes de opinión? ¿Gobernabilidad incluye manipular el concepto de democracia?
¿Gobernabilidad encarna el ejercicio del poder para controlar a los otros
poderes? ¿Gobernabilidad infiere el manejo de los organismos electorales?
Sí
sería la respuesta a las preguntas enunciadas en el párrafo anterior. Sin
embargo, por ventura, contra esa supuesta invisibilidad, observan y operan las
redes sociales.
@replicaalex