Por Manola Álvarez Sepúlveda
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó en el caso Chalchihuapan que los principales responsables de la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo y los abusos sufridos por los pobladores son el secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rojas y el procurador Victor Carrancá Bourget.
En virtud de que se constató que la muerte del menor fue a causa de un proyectil lanzado por la policía poblana, dentro del expediente CNDH 1/2014/4555/Q/VG la Comisión envió la recomendación número 2VG/2014 al gobernador de Puebla.
La primera recomendación fue:
Que instruya a quien corresponda para que se inicien los procedimientos de responsabilidad respectivos en contra del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, así como el personal de dicha institución que participó en los acontecimientos del 9 de julio de 2014 en el municipio de Ocoyucan, Puebla con motivo de las violaciones graves a los derechos humanos observadas en esta recomendación.
La recomendación no es para que se investigue a Facundo Rosas, sino para que se le aplique la ley de responsabilidades por las violaciones graves a los derechos humanos y el asesinato de un menor y no solo no se le ha dado de baja e iniciado una averiguación previa en su contra, sino que burlándose de los poblanos la contraloría lo “está investigando”. Dentro de las indagatorias se documentó que la Policía Estatal Preventiva sabía desde la noche del 8 de julio que iban a persuadir una protesta social en el puente de San Bernardino Chalchihuapan y que el secretario de seguridad Pública siempre estuvo al mando del operativo. ¿Hace falta más investigación?
De parte del ombudsman la burla consiste en excluir de toda culpa directa al gobernador Rafael Moreno Valle y al titular de la secretaría de Gobernación Luis Maldonado Venegas. Cuando es del conocimiento público que en Puebla no se mueve la hoja de un árbol sin la autorización del “señor de los fuertes”. Y por otro lado que el encargado de sostener un dialogo con los ciudadanos inconformes, es el secretario de Gobernación, quien no cumplió su función y posteriormente, con una falta absoluta de tacto político, insultó a los presidentes auxiliares llamándolos “perritos”.
Segunda: Que tome las medidas necesarias para la creación de una fiscalía especial para la investigación de los hechos ocurridos el 9 de julio de 2014 en el municipio de Ocoyucan, Puebla, designada bajo su más estricta responsabilidad.
La burla de Plascencia fue solicitar que se investigaran los hechos denunciados, después de que la CNDH había realizado una investigación muy amplia (26 Solicitudes de Información, 196 Entrevistas, 49 Visitas e Inspecciones Oculares, 67 Servicios de Atención Victimológica, 67 Certificaciones Médicas, 62 Mecánicas de Lesiones, 59 Dictámenes Periciales, siete consultas de Archivos Públicos y 35 comunicaciones telefónicas) lo que concluyó con sus recomendaciones y poner bajo el mando de las autoridades responsables la fiscalía especial es un menosprecio a la inteligencia de los poblanos.
El gobernador envió a Víctor Carrancá (responsable de las violaciones) a tomarle la protesta a un ex subordinado suyo José Antonio Pérez Bravo, para que lo investigue. Además, el nuevo fiscal, en el caso de la activista Digna Ochoa, asesinada hace 13 años, concluyó que ésta se quitó la vida a pesar de tener tres balazos en su cuerpo.
Tercera: Que instruya a quien corresponda para que se reparen los daños causados a las víctimas y a sus familiares en los términos más amplios y de manera integral, acorde con lo que establecen los estándares internacionales en la materia y la Ley General de Víctimas.
Hasta la fecha no ha habido ni siquiera un acercamiento de las autoridades, con los lesionados o con los familiares del niño asesinado. La madre de José Luis declaró que interpondrá una denuncia penal contra Rafael Moreno Valle por el asesinato de su hijo y al final de la marcha de protesta del día 18 del presente mes, quemó un monigote que era la imagen del gobernador.
Cuarta: Dadas las condiciones de (ingobernabilidad) de esa entidad federativa, en la que permanentemente hay expresiones de la sociedad demandando necesidades colectivas, gire instrucciones para que se implementen mecanismos efectivos para su atención, que privilegien el diálogo y el respeto a los derechos humanos.
Después de esta recomendación el secretario de gobernación citó a los presidentes auxiliares que, defendiendo los usos y costumbres de sus representados, se oponen a la centralización de sus registros civiles: les cantó la canción de los perritos diciendo que ahora ya sólo quedaban pocos inconformes.
Quinta: Que en el contexto anterior, instruya a quien corresponda para implementar una estrategia para la atención de las demandas sociales en el estado de Puebla que contemple la solución pacífica de los conflictos y se abstenga de criminalizar la protesta social.
En los conflictos que se han manifestado por la oposición de los habitantes de las Cholulas a que destruyan su patrimonio cultural y sus costumbres religiosas en aras de construir más pasos de fierros blancos, laguitos artificiales y fuentes bailarinas, amén de concesiones de restaurantes agringados que no llamaran la atención de ningún turista, que los tiene en gran cantidad en sus ciudades, el gobernador se ha limitado a dejarles la responsabilidad a los presidentes municipales y llamarlos en privado para ordenarles que cumplan con su capricho.
La respuesta de los cholultecas fue llamar a los habitantes a bajar a la Virgen de los Remedios para que los ayude contra las expropiaciones que se hicieron después de modificar a la baja el catastro y sin que se compruebe la utilidad pública. La gente llevó a cabo una manifestación religiosa acompañada de “panzones”, una de estas figuras nombrada como “RafaelaMV”, figura que fue quemada como señala la tradición. Atentar contra las tradiciones y la religiosidad de un pueblo es una actitud que puede tener consecuencias muy graves.
Sexta: Que instruya a quien corresponda para que ofrezca una disculpa institucional a las víctimas y a sus familiares por los agravios generados por los servidores públicos de las dependencias a su cargo (Y siguiendo sus instrucciones).
Desde luego, dada la soberbia que lo identifica, el gobernador nunca dará una disculpa en forma personal a nadie. Probablemente envié a Juan Pablo Piña, hijo de un gobernador priista que menospreció y persiguió a muchos líderes sociales (Simitrio y Samuel Malpica, entre otros), pero que es cuate de Raúl Plascencia. O Tomando en cuenta que no existe separación de poderes en Puebla, le dé instrucciones a Susana Riestra para que lo haga de manera muy modosita y con cara de circunstancia.
Octava: Que instruya para que se colabore con esta Comisión Nacional en el trámite de la queja que se promueva ante el Órgano de Control de la Secretaría de Seguridad Pública, en contra de los servidores que intervinieron en los hechos.
Desde luego esto no se ha efectuado y esperan la “investigación” de la Fiscalía a modo porque obedece las órdenes del Procurador que a su vez las recibe de Moreno Valle.
Novena: Que se colabore con esta Comisión en el trámite de la queja que se promueva ante el órgano interno de Control de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos.
Hasta México resuenan las carcajadas del Procurador, ya que su subordinado nunca lo encontrará responsable de ningún ilícito, pues la Comisión, burlándose de los poblanos, puso bajo su mando una investigación que ellos ya habían realizado y en donde se le encontró culpable.
Al respecto Luis Maldonado ha declarado que la versión de que la muerte del menor fue causada por la onda expansiva de un cohetón lanzado por los propios manifestantes, no fue de la autoría de Carrancá (a pesar de haberla difundido en todos los medios de comunicación), sino de la policía federal que así lo dictaminó. Bueno, también se le olvidó decir que los “peritos” habían sido subordinados de Facundo Rosas cuando éste proyectó su fama pública, mala por cierto (normalistas de Guerrero).
Décima: Que instruya para que se colabore con “esta Comisión en la presentación y seguimiento, de la denuncia de hechos que se formule ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla en contra de los servidores públicos involucrados”.
Más carcajadas del Procurador. Y el agradecimiento del gobernador a Raúl Plascencia, quien ayudó en la redacción de la #Ley Bala a la que, una vez legislada, le propinó toda clase de halagos: ocurrió el día vino a Puebla a recibir los reconocimientos del gobernador Rafael Moreno Valle y la Universidad Autónoma de Puebla.
Onceava: Que se diseñe e imparta un programa integral de capacitación y formación en derechos humanos dirigido a los servidores públicos, que ponga especial énfasis en el uso legítimo en la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del Estado de Puebla.
Por sentido común y responsabilidad pública, esto no era necesario que se recomendara: antes de enviar a los policías a disolver una manifestación y dotarles de cartuchos de gases lacrimógenos caducos, se les debió haber indicado cómo usarlos; es decir, decirles que los lanzaran hacia arriba para que hicieran una parábola antes de chocar y estallar en el suelo y no, como lo hicieron, directamente al cuerpo de los manifestantes. Por ello las heridas graves a varios ciudadanos y la muerte del niño.
El titular de la Comisión, Raúl Plascencia, advirtió que si el mandatario estatal incumple con la recomendación, solicitará un juicio político con base en sus nuevas atribuciones. Es obvio que nunca lo hará, no por carecer de elementos sino debido a su complicidad, digamos que aparente.
Lo único que nos queda es esperar que la onda expansiva que lesionó brutalmente la imagen de Rafael Moreno Valle, lo sensibilice para que respete a sus gobernados, aunque sólo sea por conveniencia política.
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