Por Alejandro C. Manjarrez
Durante décadas la sociedad criticó a los priistas por su forma de hacer política para conservar el poder. Señaló los actos de corrupción electoral entonces basados en robar urnas, alterar votaciones, hacer votar a los muertos, modificar resultados, preparar y operar carruseles, tamaladas y otras artimañas diseñadas para propiciar la derrota de los adversarios. Hubo un tiempo en que Acción Nacional era el partido más enfático en presentar denuncias contra los fraudes cometidos por el PRI.
Aquellas andanadas jurídico-mediáticas propiciaron la división interna del otrora partidazo. Nació así la Corriente Crítica que no sólo sacudiría la estructura gubernamental sino que de paso unió a las izquierdas diseminadas en las fracciones producto de los protagonismos “iluminados”. Fue cuando el sistema político mexicano parió al PRD, organización que agrupó a los, a la sazón, llamados tránsfugas del tricolor; Cuauhtémoc Cárdenas, el más connotado.
La elección del 2000 cambió el rostro de aquel México declarado sede mundial de la dictadura perfecta mitigada por la corrupción. Diez años antes había nacido el IFE acompañado con la esperanza de hacer del país una nación más democrática. Este organismo validó el proceso que convirtió en presidente a Felipe Calderón Hinojosa para avalar la intervención ilegal de la estructura electorera que en esos días manejaba la maestra Elba Esther Gordillo Morales. Un remedo exacerbado del grupo “Amigos de Fox” ya que en vez de dinero aportaron cientos de miles de votos a cambio de impunidad y algunos favores políticos, como fue el caso de la senaduría primero y después gubernatura de Rafael Moreno Valle, priista que a instancias de la Maestra se hizo panista, precisamente para ganar los cargos enunciados. Así nació un llamémosle liderazgo basado en el viejo dicho que reza: echa la ley, echa la trampa.
Durante el mandato de Rafael Moreno Valle se legislaron leyes tramposas articuladas con la intención de permitir el manejo autoritario de la administración pública: el Congreso local dio el control absoluto al mandatario. Lo mismo ocurrió con los procesos electorales que en la mayoría de los ayuntamientos ubicaron a personas afines al proyecto personal del gobernador, uno de ellos (José Antonio Gali Fayad) postulado después para dar continuidad al gobierno morenovallista. Se cambió la ley y se amplió el mandato de alcaldes y diputados (de tres años a cuatro años ocho meses) dizque con la intención de emparejar el proceso electoral poblano con las elecciones nacionales. La verdad es que con la estructura política basada en la participación de munícipes y legisladores afines, Moreno Valle pudo garantizar el blindaje que, de manera menos inteligente, también buscaron los gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo.
Puebla se convertía así en el ejemplo nacional de cómo deben alterarse los valores básicos de la democracia y qué tienen que hacer los gobernantes para corromper la política librándose de los efectos de la ley. Los dirigentes de los partidos de oposición se manejaron bajo la directriz del mandatario. El partido en el poder (PAN) puso en acción lo que años antes había denunciado y señalado con dedo flamígero. La enorme deuda pública se disfrazó con el ropaje burocrático confeccionado por los empleados del gobernador Moreno Valle, personal comisionado y constituido en mayoría del poder Legislativo. Esta misma “fuerza popular” designó (a instancias del gobernante, claro) al Fiscal General del Estado, función que recayó en el procurador de justicia del gobierno de Rafael Moreno Valle. El proceso electoral de Puebla (2016) dejó en calidad de liliputienses a los políticos del PRI que en sus mejores tiempos los organizaron; me refiero a quienes inspiraron a Mario Vargas Llosa, promotor del concepto “dictadura perfecta“.
Todo ello —ejemplos trazados a vuela pluma— me permite asegurar que en Puebla nació una nueva forma de corrupción. Esto gracias a que se combinaron la obsesión del mandatario con la tecnología, el esquema financiero y las técnicas de empoderamiento que no reparan en la ética publica y menos aún en los propósitos expresados cuando el servidor público protesta cumplir con la Constitución y las leyes que de ella emanan. Insisto: “hecha la ley, hecha la trampa”, dijo el clásico.
Fue así como la entidad se convirtió en pionera pues a base de golpes el poder forjó la historia, en este caso la historia de la vergüenza.
Lo trágico para México es que —como lo escribió Yves Mény— la sofisticación de las actividades corruptas haya tendido a convertir la corrupción en una acción invisible y por tanto difícil de castigar.
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