Por Alejandro C. Manjarrez
Delito de moda. Deporte nacional y estatal. Sustento para venganzas políticas. Rutina de los servidores públicos y sus cómplices. Motivo de orgullo y presunción. Muestra fehaciente de que el sistema gubernamental está corrompido. Fuente de inspiración periodística. Ofensa social. Contradicción de la pobreza. Ausencia de ética. Antítesis de la moral pública...
Podría seguir con mi catálogo de definiciones sobre lo que produce la actividad más socorrida del México de ayer y de hoy. Empero, como esto me llevaría varias páginas (como las listas de Umberto Eco), mejor lo invito a reflexionar sobre lo que todos vemos a cada rato, ya sea porque pasan frente a nosotros en autos lujosos (muchos de ellos blindados) o bien porque en su interior van mujeres fastuosas, efebos preferidos, cónyuges sufridas, niños asustados y hasta las amantes de quienes antes de ser ricos andaban con el Jesús en la boca. Este espacio, insisto, sería insuficiente para mencionar a todos los que fueron pobres y que hoy, gracias a la corrupción institucionalizada, ya son millonarios.
La frase que cierra el primer párrafo (Antítesis de la moral pública) me obliga a recordar para compartir con usted el dicho del “ilustre” Gonzalo N. Santos, definitivamente un hombre pragmático y tan echado pa´delante como el famosísimo Jefe Diego: “La moral es un árbol que da moras, o sirve para pura chingada”.
No importa dónde se preparó don Gonzalo, uno de los herederos y promotores de los cañonazos obregonistas. Lo curioso es que esa, digamos que su filosofía, haya servido de inspiración a los cientos de millonarios políticos que hay en México, muchos de éstos, financieros de campañas o responsables del paso de la charola cuyo producto (dinero) apoyó a los candidatos a gobiernos estatales o fue útil en el tradicional reparto cochupos disfrazados de colaboraciones a la causa, la que sea pero que sirva para justificar la petición de impunidad. Claro que hay excepciones que confirman la regla o definen lo que podríamos llamar “margen de error”. He aquí una de ellas:
Alguien me contó que la primera “víctima” punible de las acciones justicieras emprendidas por el actual gobierno, antes de serlo pues, le había manifestado su preocupación consistente en justificar el dinero público que usó para apoyar al candidato del PRI del pasado proceso electoral. “Confiaba en que ganaría la gubernatura y me falló –dijo el galeno. Si Zavala no hubiera perdido –se quejó durante el proceso de entrega-recepción– otro gallo me cantara”. En fin, éste puede ser un chisme o tratarse de una inocente confesión.
Lo de aportar dinero para las campañas políticas resulta cosa menor. Lo burocráticamente nefasto está en la costumbre de pagar y cobrar facturas, unas de papel y otras tan morales como la del concepto cuya autoría histórica pertenece al famoso don Gonzalo. Por desventura, ésa suele ser la costumbre o tradición política que al final del día afecta o incide en el presupuesto público. De ahí que no pocas veces podamos confirmar que aquel que financió algo o pagó ciertos gastos a equis candidatos, termina siendo uno de los grandes beneficiarios del gobierno dado que éste le corresponde o reciproca con jugosos contratos y convenios, o incluso devolviéndole el dinero mediante pagos por servicios simulados, ficticios.
No creo errar al decir que si el gobierno estatal emprendiera una campaña contra los que caen en el delito de enriquecimiento inexplicable, primero tendría que prescindir o cesar o meter a la cárcel a varios de sus integrantes cuya riqueza carece de justificación lógica. Y después investigar al resto para saber a ciencia cierta quiénes son los honrados. Correría el riesgo de crearse un problema laboral tan complicado como una huelga de brazos caídos.
El método más eficaz para tener éxito en una acción como la mencionada es, en efecto, indagar en el Registro Público de la Propiedad sobre los bienes inmuebles que se adquirieron en equis plazo así como los notarios que los escrituraron. En seguida hacer un cruce de identidades e información para relacionar esas adquisiciones con el servidor público investigado. Una vez compilados los datos, pedir la colaboración del fisco con la intención de saber cómo se pagó, qué impuestos generaron y si los compradores o testaferros eran o son económicamente solventes.
Además de ese tipo de acciones hay otras menos complicadas dado que el propio gobierno cuenta con los registros inmobiliarios y contables. Verbigracia: la comercialización de los terrenos de la Reserva Territorial Angelópolis. Es bien sabido que de ella se beneficiaron políticos de primer nivel valiéndose de prestanombres. Igual ocurrió con una docena de ex servidores públicos que de clase medieros pasaron a formar parte del grupo de millonarios. Y como la especulación con bienes del gobierno es ilegal, es obvio que esos nuevos ricos también deban ser investigados, denunciados y, en su caso, consignados por el delito de enriquecimiento inexplicable. O incluso el de peculado.
Se ha publicado que existen órdenes de aprehensión contra cuatro marinistas en capilla precisamente por el delito de marras. Está bien porque semejante acción reivindicatoria de la moral pública, obligará al gobierno a eso, a hacer pública y transparente su moral.
Twitter: @replicaalex
