Por Alejandro C. Manjarrez
El crimen del pasado miércoles prendió los focos rojos de los gobiernos estatal y municipal. La muerte de Antonio Haces D’Artigues, enésima víctima de la delincuencia que se ha desatado en Puebla, sacó de su marasmo a los priistas y a la sociedad poblana que, ahora sí, utilizarán todos los medios a su alcance para exigir a las autoridades que cumplan con lo que prometieron: un estado de paz y una ciudad segura.
La información publicada ayer nos da cuenta de lo que dijeron algunos destacados miembros del PRI, los mismos que se habían acogido a la “cultura de la prudencia”, talante que suele manifestarse cuando el poder usa la zanahoria y el garrote. Jorge Estefan Chidiac dijo que “los delincuentes no le tienen miedo a la autoridad”; y alzó un poco la voz para exigir al gobierno lo que éste debe cumplir por mandato de ley: energía en contra de la delincuencia (usó la figura del “manotazo”). Por su parte Julián Haddad Férez fue más severo: “Estamos muy tristes, pero muy enojados. Sentimos que la violencia en Puebla se está desatando”. El ex regidor del Ayuntamiento de Puebla manifestó a la prensa que recién se había enterado que en San José Vista Hermosa acaban de matar a balazos a otra persona, y agregó indignado: “La verdad no sabemos cómo actuar o de qué forma se va a blindar a Puebla”. Más que tristes –sentenció–, los poblanos estamos enojados con todo lo que está pasando.
Como Estefan y Haddad hay muchos ciudadanos que han manifestado su indignación por lo que sucede en Puebla. Antes, dicen, no había inseguridad y los criminales le daban la vuelta al estado porque “tenían miedo o existía algún pacto entre los grupos policiacos y el crimen organizado”. Este supuesto me fue manifestado hace año y meses por un empresario temeroso de que se trastocara lo que él y muchos de su gremio creyeron controlado porque, dijo, podían transitar por la calles de la ciudad sin temor a sufrir un asalto o enfrentar el “fuego cruzado” que ha matado a muchos mexicanos. Pero también reconoció que el gobernador Rafael Moreno Valle y su equipo tenían la información y el talento como para impedir que Puebla se convirtiera en otra de las sedes del crimen organizado.
Tenemos, pues, que tanto los políticos como la sociedad en general levantarán la voz y, conforme pasen los días, esas palabras, frases o gritos formarán un coro cuya estridencia podría alterar la relación ciudadanos-autoridad. De ahí que el gobierno deba responder y a la vez explicar el cómo y el por qué Puebla entró en el grupo de las ciudades inseguras. ¿Qué dirá? No lo sé. Sin embargo, lo más probable es que para empezar saque a relucir la corrupción que enmarcó las actividades del gobierno anterior. Urge que lo haga.
Impunidad o pacto de caballeros
Mientras alguien explica si existe o no lo que pareciera ser un secreto de Estado o un trato bajo la mesa, habrá que tener presente lo que dicen los expertos sobre el tema corrupción:
Para Yves Mény, la sofisticación de las actividades corruptas tiende a convertirla en una acción invisible y por tanto difícil de castigar. Michel Johnston, también especialista, arguye que la corrupción puede y debe ser tratada como una propiedad de la sociedad en su conjunto. Arnold J. Heidenheimer, topógrafo de esta lamentable costumbre, asegura que la presencia de la corrupción ha provocado presiones de todo tipo, algunas de ellas destinadas a tratar de controlar los sobornos a funcionarios públicos.
Donatella della Porta, otro de los versados en el mal burocrático, comenta que la corrupción es una de las causas de los cambios en los gobiernos del mundo y, en particular, de la transformación de las características de sus clases políticas. Por su parte Susan Rose-Ackerman señala que la corrupción en esos niveles, se traduce en grandes cantidades de dinero.
Estas y otras opiniones obligan a meditar sobre lo ocurrido en Puebla, estado donde la corrupción es el “síntoma de profundo deterioro de la vida pública que además amenaza los valores básicos de la democracia”. Y preguntarnos: ¿la corrupción también se manifestó en la democracia de Puebla? ¿Hubo un acuerdo para que ocurriera la alternancia del poder? ¿Existió algún pacto de impunidad entre el que se fue y el que llegó? ¿Se estableció la designación de “chivos expiatorios” que pudieran atemperar las presiones de la sociedad que exige al gobierno castigo para los corruptos cuya opulencia es la prueba fehaciente de sus delitos?
Todo es posible, incluso hasta que la estela de esa corrupción haya dado ánimo a los grupos criminales para ubicar sus “negocios” en Puebla. Por eso, creo, tenemos que darle la razón a Estefan en eso de que es necesario que la autoridad, el gobernador, dé un manotazo. Y confiar en que esta acción ocurra antes de que la sociedad vocifere en contra de los gobiernos municipal y estatal.
Por desventura tuvo que morir un buen hombre para que sus amigos los priistas abandonaran la “cultura de la prudencia” que, a veces, también es una condición para la lograr impunidad.
Twitter: @replicaalex
