Por Manola Álvarez Sepúlveda
El gobierno de Estados Unidos está realizando una silenciosa invasión a la soberanía nacional, con el consentimiento de Felipe Calderón y, al parecer, la complacencia de Rafael Moreno Valle.
Resulta vergonzoso e ilegal que los gobernantes mexicanos permitan la operación de la CIA y de otros cuerpos policiacos y militares estadounidenses en territorio nacional pretextando combatir a la delincuencia organizada que opera en México
El gobierno federal y el gobierno de Puebla deben dar una amplia explicación de por qué la CIA y la DEA operan en tierras mexicanas sin ningún conocimiento y autorización del Congreso de la Unión.
A través de la Iniciativa Mérida, Estados Unidos ha otorgado capacitación a casi 4 mil 500 nuevos agentes de policía federal, ha asesorado en intervenciones de telecomunicaciones, manejo de informantes e interrogatorio de sospechosos. También ha colaborado con algunos helicópteros. Asimismo, ha realizado sobrevuelos al territorio mexicano con naves no tripuladas manejadas a control remoto. Todo ello para detectar narcotraficantes. Lo curioso es que en vez de disminuir han aumentado.
Una experiencia personal:
En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología analizábamos los permisos que se le otorgaban a barcos norteamericanos para realizar investigaciones en aguas mexicanas. Lo habían hecho con la venia de la Secretaría de Relaciones Exteriores que los otorgaba con sólo solicitarlos. Establecimos requisitos para que informaran sobre los estudios que pretendían realizar, obligándolos a llevar a bordo científicos mexicanos interesados en el tema. Terminada la investigación tenían que entregar copia de los resultados. Hubo problemas con la embajada americana e intervino el presidente Echeverría. Incluso un empleado del Conacyt, cooptado o infiltrado por la CIA, robó varios expedientes. En fin, con esas mulas tenemos que arar.
Manuel Bartlett dijo que Felipe Calderón debería ser juzgado como traidor a la patria por permitir que se viole nuestra soberanía; agregó que el “New York Times describe una abierta intervención política y militar, explícitamente igual a la de Irak y Afganistán, o sea la ocupación de México con dominio directo de la información, manteniendo a los mexicanos corruptos al margen. Reiteran la ineptitud de nuestras fuerzas de seguridad y la corrupción, incluso en la justicia, lo que justifica su intervención, porque generamos un problema que desborda la frontera. No mencionan su propia incapacidad para detener el contrabando de armas y el consumo de drogas.”
Y aquí, si me lo permite, cabe otra referencia personal:
Cuando arribé a Panamá con mi padre, diputado constituyente de 1917, general de brigada y ex jefe del Estado Mayor Presidencial de Plutarco Elías Calles, inmediatamente se presentó ante las autoridades para informar sobre su presencia. La razón: todos los países incluyen en su legislación la prohibición de que miembros de un ejército extranjero se internen a su país sin autorización expresa sean o no turistas.
También debo decir que mi padre se decepcionó por la actuación de los jefes del ejército –al que él y Joaquín Amaro habían organizado–, cuando supo de la represión de 1968. Hoy las fuerzas armadas están siendo utilizadas para funciones policiacas que les son ajenas en esencia y por ley.
Puebla ¿base militar de EE UU?
Se ha comentado en diversos medios que la DEA, la CIA y el FBI aprovecharán las instalaciones de la Academia Estatal de Formación y Desarrollo Policial “Ignacio Zaragoza”, misma que se construye en Chachapa, municipio de Amozoc (Reserva Ecológica de Flor del Bosque), en 22 hectáreas donadas por el Gobierno del estado. La justificación: trabajar directamente en territorio mexicano en la lucha contra el narcotráfico.
El 8 de mayo pasado, Rafael Moreno Valle y el personal de la Iniciativa Mérida, pusieron la primera piedra de tal Academia. Se invertirán 22 millones de dólares, 5 de los cuáles son del programa internacional contra la delincuencia organizada y el resto del gobierno estatal, o sea de los poblanos.
Estuvo presente en la ceremonia –a la que no tuvo acceso la prensa–, Keith W. Mines, funcionario de la embajada de Estados Unidos y encargado del Plan Mérida. Los antecedentes y opiniones de este funcionario parecen indicar que no será una academia de policía, sino una base militar norteamericana, diseñada ex profeso para entrenar personal al servicio de los Estados Unidos. El sigilo en el que se desarrolló el acto, levantó suspicacias entre la población.
Mines es un ex militar con 22 años de experiencia en el ejército estadounidense. Ha trabajado en misiones tanto militares como diplomáticas en Granada, Honduras, El Salvador, Somalia, Haití, Hungría, Afganistán e Iraq. Ha sido analista de inteligencia de la CIA y actualmente está asignado a la embajada de Estados Unidos en México. Es obvio que no tiene experiencia policiaca para entrenar personal y que sólo sabe de tácticas de guerra.
La semana pasada el subsecretario de Estado norteamericano declaró que el Plan Mérida iniciará una nueva etapa en la que se capacitará a los policías municipales y estatales. Para ello comisionarán a instituciones de capacitación en los estados de nuestro país, agentes de la CIA, la DEA y otras agencias por períodos de 3 o 6 meses o, si fuere necesario, por periodos mayores.
Si el gobernador de Puebla no conoce estos antecedentes, es tiempo que revise sus compromisos ya que podría resultar peligroso para la seguridad del estado y muy delicado para su prestigio personal. Y desde luego informar precisa y extensamente a los poblanos, hasta dónde se comprometió con los estadunidenses y si contó con la autorización del Congreso Local y del Senado de la República.
Es cuanto, por ahora.
