Uno de los lujos ocultos a los ojos de las autoridsades
Por
Alejandro C. Manjarrez
Delito
de moda. Deporte nacional y estatal. Sustento para venganzas políticas. Rutina
de los servidores públicos y sus cómplices. Motivo de orgullo y presunción.
Muestra fehaciente de que el sistema gubernamental está corrompido. Fuente de
inspiración periodística. Ofensa social. Contradicción de la pobreza. Ausencia
de ética. Antítesis de la moral pública...
Podría
seguir con mi catálogo de definiciones sobre lo que produce la actividad más
socorrida del México de ayer y de hoy. Empero, como esto me llevaría varias
páginas (como las listas de Umberto Eco), mejor lo invito a reflexionar sobre
lo que todos vemos a cada rato, ya sea porque pasan frente a nosotros en autos
lujosos (muchos de ellos blindados) o bien porque en su interior van mujeres
fastuosas, efebos preferidos, cónyuges sufridas, niños asustados y hasta las amantes
de quienes antes de ser ricos andaban con el Jesús en la boca. Este espacio,
insisto, sería insuficiente para mencionar a todos los que fueron pobres y que hoy,
gracias a la corrupción institucionalizada, ya son millonarios.
La
frase que cierra el primer párrafo me obliga a recordar para compartir con
usted el dicho del “ilustre” Gonzalo N. Santos, definitivamente un hombre
pragmático y tan echado pa´delante como el famosísimo Jefe Diego: “La moral es
un árbol que da moras, o sirve para pura chingada”.
No
importa dónde se preparó don Gonzalo, uno de los herederos y promotores de los
cañonazos obregonistas. Lo curioso es que esa, digamos que su filosofía, haya
servido de inspiración a los cientos de millonarios políticos que hay en México,
muchos de éstos financieros de campañas o responsables del paso de la charola
cuyo producto (dinero) apoyó a los candidatos a gobiernos estatales o fue útil
en el tradicional reparto cochupos disfrazados de colaboraciones a la causa, la
que sea pero que sirva para justificar la petición de impunidad. Claro que hay
excepciones que confirman la regla o definen lo que podríamos llamar “margen de
error”...
Aportar dinero para las campañas políticas resulta cosa menor. Lo
burocráticamente nefasto está en la costumbre de pagar y cobrar facturas, unas
de papel y otras tan morales como la del concepto cuya autoría histórica
pertenece al famoso don Gonzalo. Por desventura, ésa suele ser la costumbre o
tradición política que al final del día afecta o incide en el presupuesto
público. De ahí que no pocas veces podamos confirmar que aquel que financió
algo o pagó ciertos gastos a equis candidatos, termina siendo uno de los grandes
beneficiarios del gobierno dado que éste le corresponde o reciproca con jugosos
contratos y convenios, o incluso devolviéndole el dinero mediante pagos por
servicios simulados, ficticios.
No
creo errar al decir que si el gobierno estatal emprendiera una campaña contra
los que caen en el delito de enriquecimiento
inexplicable, primero tendría que prescindir o cesar o meter a la cárcel a
varios de sus integrantes cuya riqueza carece de justificación lógica. Y
después investigar al resto para saber a ciencia cierta quiénes son los honrados.
Correría el riesgo de crearse un problema laboral tan complicado como una
huelga de brazos caídos.
El
método más eficaz para tener éxito en una acción como la mencionada es, en
efecto, indagar en el Registro Público de la Propiedad sobre los bienes
inmuebles que se adquirieron en equis plazo así como los notarios que los
escrituraron. En seguida hacer un cruce de identidades e información para
relacionar esas adquisiciones con el servidor público investigado. Una vez
compilados los datos, pedir la colaboración del fisco con la intención de saber
cómo se pagó, qué impuestos generaron y si los compradores o testaferros eran o
son económicamente solventes.
Además
de ese tipo de acciones hay otras menos complicadas dado que el propio gobierno
cuenta con los registros inmobiliarios y contables. Verbigracia: la
comercialización de los terrenos de la Reserva Territorial Angelópolis. Es bien
sabido que de ella se beneficiaron políticos de primer nivel valiéndose de
prestanombres. Igual ocurrió con una docena de ex servidores públicos que de
clase medieros pasaron a formar parte del grupo de millonarios. Y como la
especulación con bienes del gobierno es ilegal, es obvio que esos nuevos ricos
también deban ser investigados, denunciados y, en su caso, consignados por el
delito de enriquecimiento inexplicable. O incluso el de peculado...
Twitter:
@replicaalex
*Columna publicada el 25 de enero de 2012
